- Por Manuel Burga, historiador / Sección opinión del Diario EL Peruano - Foto: La República
Algunos amigos me han sugerido que escriba un artículo titulado “Adiós a la Ley Universitaria 23733”, porque les parece que su vigencia pronto se extinguirá.
Desafortunadamente debo decirles que no podemos despedirnos de ella, sería demagógico e irreal decirle adiós porque, en lo esencial, las estructuras básicas de la universidad moderna, aquella que nació con el Reglamento General de Instrucción Pública de 1876, siguen muy vitales.
La autonomía, la meritocracia, el compromiso con la ciencia, la libertad de pensamiento, la formación de ciudadanos, el afán de descubrir el país y contribuir a su desarrollo, son principios liberales de esa época que siguen vigentes.
A ellos, la reforma de Córdoba agregó nuevos principios, como la democracia institucional, una mayor autonomía, el cogobierno, la lucha contra la desigualdad social, el impulso a la investigación, el interés en la construcción de una nación moderna, que los encontramos en la ley de 1983.
Todo ello lo hallamos en el dictamen que ingresará a debate en el pleno y por eso los congresistas deberían saber distinguir bien entre lo viejo bueno, perdurable y lo nuevo que se debería incorporar. El balance justo entre lo uno y lo otro debe permitir instaurar una nueva universidad que ayude a la construcción de un nuevo país.
Debemos reconocer que se ha avanzado en la elaboración de propuestas. La primera ha sido la construcción de un sentido común de que tenemos una universidad pública de baja calidad, politizada y muchas de ellas capturadas por grupos que medran en el poder.
Paralelamente, una universidad privada que se ha multiplicado anómalamente. Los criterios comerciales han primado, muchas son un buen negocio y para que lo sean los ingresos deben ser siempre mucho mayores que los gastos. El número de estudiantes es decisivo. Eso explica que Alas Peruanas tenga casi 70 mil estudiantes y la César Vallejo sea más grande que San Marcos.
Los dirigentes de la FIPES sostienen que ellos han creado más vacantes que las públicas en los últimos 10 años y han logrado cumplir con ese ideal de la Reforma de Córdoba. Pero esto no significa que tengamos una educación superior de calidad, porque al compararnos con las de América Latina nos encontramos en los últimos de la cola.
Esta situación hizo que la propuesta del congresista Vicente Zeballos de una moratoria temporal de creación de universidades se convirtiera en la Ley Nº 29971 que establece un plazo por cinco años, a contar desde el presente año.
En segundo lugar se ha pasado del diagnóstico a la propuesta de solución con el actual dictamen. En la exposición de motivos se presentan dos indicadores muy conocidos, el porcentaje de doctores en las universidades. San Marcos tiene un 20%, la PUCP un 30%; si miramos otras públicas y otras privadas, estos porcentajes son verdaderamente de escándalo.
Otro indicador es la estabilidad laboral, el nombramiento de docentes. En San Marcos el 87% son nombrados, como una muestra exagerada del clientelismo. En la PUCP los nombrados alcanzan el 30%.
En la USMP el 95% y en Alas Peruanas el 98% son contratados, es decir profesores ‘golondrinos’ que trabajan a destajo (página 30 de la Exposición de Motivos del Dictamen).
Entonces, una buena universidad debería tener un 30% de docentes permanentes con el grado de doctor, como en el caso de la PUCP. Al mismo tiempo, un 30% debería ser nombrado, lo que permitiría a los docentes desarrollar una carrera, investigando, publicando y con un alto rendimiento en las aulas.
La única manera de mantenerse en la universidad, de acuerdo a ley, es acumulando méritos y actualizándose.
Así de simple es el modelo que la nueva ley universitaria podría construir, con estos porcentajes que son verdaderamente modestos si los comparamos con los de universidades del hemisferio norte o con las brasileñas y también con nuestra propia historia del siglo pasado.
Pero para construir esos modelos hay que invertir mucho dinero. El Estado lo puede hacer y el negocio será bueno para el país, ya no para los empresarios, también lo será para los docentes que entregan su vida a una misión y para los alumnos que podrán ser profesionales o investigadores de primer nivel. Esa universidad ayudará a construir un nuevo país.
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