LA REPÚBLICA. En los últimos meses se me ha pedido mi punto de vista acerca de si debe haber continuidad de la llamada “reforma educativa” del gobierno de Ollanta Humala. La verdad es que para hablar de una reforma tendría que haberse diseñado y ejecutado un plan integral y sostenido con objetivos, políticas, medidas, metas y estrategias que impliquen cambios efectivos y favorables en todos los factores intervinientes del sistema educativo nacional. Y esto no ha sucedido.
Más bien, lo que hemos observado es un conjunto de acciones en dos fases. La primera, de alrededor de tres años, orientada a la desactivación de las políticas de los diez años anteriores, referidas, entre otros, a los maestros y a la carrera docente, el currículo y los aprendizajes, así como a la infraestructura y su mantenimiento. Es decir, pretendiendo comenzar todo de nuevo.
La segunda, cuyas medidas se han desarrollado en el último año y medio, como hemos dicho en varias oportunidades, destinadas a “recuperar el tiempo perdido”. Se ha retomado, con acierto, las evaluaciones docentes, el mejoramiento del programa de inglés, la jornada escolar completa y el concepto del Colegio Mayor con los COAR. También se han iniciado otras medidas de política.
Merece señalarse como una debilidad común de ambos ciclos, a la política curricular, de los aprendizajes y de la formación integral; y como una fortaleza plausible, el programa de becas, especialmente Beca 18. En este entendido me parece que los que aspiran a ser gobierno debieran poner atención en proseguir las medidas que están bien, mejorar las que están regular y descartar las no apropiadas.
Pero, gestionar el sector, en un contexto de continuidad implica, sin duda, asumir nuevos desafíos (que hay varios en las propuestas de los candidatos) teniendo en cuenta como referente el Proyecto Educativo Nacional al 2021, en una perspectiva de calidad e igualdad de oportunidades para todos y todas.
