Cada uno de los rectores presentó brevemente las dificultades, desafíos y fortalezas de sus instituciones, demostrando, en casi todos los casos, la necesidad de una asociación que los cohesione y represente. Coincidieron en la necesidad de una institución que ayude a la implementación de la Ley Nº 30220, su aseguramiento y estabilidad.
Igualmente, coincidieron en la necesidad de un presupuesto que les permita la adecuación a las nuevas exigencias.
El rector de la UNI, por ejemplo, indicó que el presupuesto de su universidad era de 260 millones de soles: 130 millones del tesoro público y 130 millones de recursos propios. ¿Qué puede exigirles el Estado en este caso? Esta situación genera problemas administrativos y obliga a una singular gestión universitaria. Los rectores de la UNSA y UNSAAC pidieron perfeccionar la normativa para el buen uso del canon minero, que fomente la capacitación docente a través de la investigación y la articulación de la universidad a sus regiones.
Todos coincidieron en señalar que la situación que crea el artículo 84, Ley Nº 30220, es muy difícil, al cesar al docente que cumple 70 años, más aún cuando no existe un sistema previsional que respalde a los cesantes, lo que va a crear situaciones dramáticas al reducir sus remuneraciones a una quinta parte. Esta es una de importante deficiencia de la mencionada ley.
En el acta que se suscribió al final se creó una comisión integrada por los rectores que habían tenido esta iniciativa para elaborar, a la brevedad posible, sus estatutos. Un armonioso esfuerzo colectivo que inaugura una nueva etapa de la universidad pública peruana.
Manuel Burga Exrector de la UNMSM
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